Por su parte, el sub secretario de gobierno en Tijuana, Oscar Zumaya explicó en Síntesis que estas acciones no solo van en contra de la ley sino que obedecen a presiones de líderes políticos.

En sus oficinas, el sub secretario de gobierno observó toda la mañana el movimiento de los antorchistas.

Dijo el funcionario que este comportamiento tiene que ver más con presiones políticas que con auténticas exigencias ciudadanas pues, desde el año pasado, cerca de 500 familias de las 950 que habitan en el Arroyo alamar, ya fueron reubicadas y, además, recibieron los apoyos a los que el gobierno se había comprometido.

Reconocen que aún faltan más de 400 familias por reubicar, sin embargo, dijo el sub secretario, la petición ahora no es por terreno.

Comentó que los antorchistas están pidiendo más dinero al gobierno para pagar las mensualidades a las que se comprometieron con los propietarios de los predios en donde fueron reubicados.

Es decir que no se conforman con los cheques por 9 mil 500 pesos de enganche que les dio el gobierno, ni con los 4 mil pesos que les dieron para compra de material. Dicen las autoridades que ahora les piden más.

La realidad de este movimiento es una y muy clara.

Se trata de invasores que le tomaron la medida al gobierno del Estado que, a la fecha ha gastado 9 millones y medio de pesos en estas familias, dinero que no les ha alcanzado para satisfacer las demandas de quienes ahora toman las instalaciones públicas para vacacionar.

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