Los integrantes de los sectores productivos de Ciudad Juárez, Chihuahua, decidieron armarse en sus negocios, oficinas, residencias, ante la ola de violencia que los azota desde hace algún tiempo. Los índices delincuenciales suben como los precios en los víveres y en los servicios que presta el Gobierno y la respuesta de los que supuestamente mandan, como siempre, están asentados en discursos prometedores: “No bajaremos la guardia”, “en materia de seguridad, ni un paso atrás”, “estamos ganando la batalla al crimen organizado”, etcétera; pero el regadero de cadáveres continúa y la paciencia de los juarenses se agotó.

Debemos recordar que Tijuana, nuestra ciudad, nuestra casa común, es más, pero mucho más, que el miedo que nos hace sentir la incertidumbre.

Todavía se comenta en las calles de Tijuana sobre la captura de Eduardo Félix Arellano, último hermano prófugo del clan y quien dirigía las operaciones del narcotráfico.

Por un lado la campaña desde el Sur de California: “No vayan a Tijuana, hay peligro” y por el otro la serie de asaltos que las autoridades no pueden evitar. Una pinza que se cierra apretando una actividad legal de la que dependen miles de trabajadores. Los empresarios aseguran que se acabó el tiempo para hacer proyectos y los gobernantes no saben cómo frenar la ola de violencia que tiene ya la fuerza de varios tsunamis juntos.